Sentencia A. 1446/24

Cargo

Argumentos esgrimidos por el demandante

1) Desconocimiento del artículo 13 de la Constitución (derecho a la igualdad)

Según el demandante los requisitos de 20 horas semanales o 160 horas del periodo académico para que las personas entre 18 y 25 años puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, desconocen el derecho a la igualdad debido a que le exigen el mismo requisito de horario a todos los hijos que ostentan la condición de estudiantes sin tener en cuenta que algunos de ellos tienen condiciones especiales.

2) Vulneración del artículo 16 de la Constitución (derecho al libre desarrollo de la personalidad)

El demandante sostuvo que las normas demandadas obligan al estudiante a suspender las actividades de su vida diaria.

3) Violación del artículo 26 de la Constitución (derecho de escoger profesión u oficio)

El demandante destacó que se vulnera el derecho fundamental de elegir profesión u oficio, ya que, si la institución educativa a la que pertenece una persona no cumple con la intensidad horaria exigida, el estudiante se verá obligado a buscar otro programa académico o institución que cumpla esos requisitos.

4) Transgresión del artículo 43 de la Constitución (derechos de las mujeres)

El demandante planteó, entre otros aspectos, que la exigencia horaria establecida en la norma no tiene en cuenta que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional y que, por ello, deberían tener un trato distinto.

5) Desconocimiento del artículo 47 de la Constitución (derechos de las personas en condición de discapacidad)

El demandante esgrimió que la norma no tiene en cuenta el especial escenario en que se encuentran quienes padecen una discapacidad física, psíquica o sensorial.

6)  Vulneración del artículo 48 de la Constitución (derecho a la seguridad social)

El demandante reprochó que, en determinados casos, donde no se cumple el requisito de horario exigido, a los estudiantes se le niega el acceso a la pensión de sobrevivientes.

7.  Transgresión del artículo 67 de la Constitución (derecho a la educación)

Para el demandante se vulnera el derecho a la educación porque, si una persona que se encuentra en una circunstancia especial no cumple con el requisito de horario exigido, se le niega la pensión de sobrevivientes y, con ello, se le impide continuar con sus estudios.

Cargo

Requisitos mínimos argumentativos echados de menos por el magistrado Ibáñez Najar

1) Desconocimiento del artículo 16 de la Constitución (derecho al libre desarrollo de la personalidad)

El magistrado sustanciador puso de presente que el cargo no cumplía con el requisito de claridad. Señaló que “el demandante se limitó a exponer la definición, contenido y alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad y a afirmar que la norma en cuestión obliga al estudiante a suspender sus actividades de su vida diaria por tener que cumplir las anotadas exigencias, imposibilitándoles la posibilidad de exceptuar su aplicación”[4]. 

2) Vulneración del artículo 26 de la Constitución (derecho a escoger profesión u oficio)

El magistrado sustanciador puso de presente que el cargo no cumplía con el requisito de claridad. Indicó que el demandante “no justifica, con la suficiente profundidad, cómo las cargas de 20 y 160 horas, respectivamente, atentan contra el derecho fundamental de escoger profesión u oficio”[5]. Subrayó, entre otros aspectos, que “no es claro cómo la exigencia de certificar determinadas horas académicas puede impedirle a los estudiantes, paralelo o posterior a sus estudios, escoger la profesión u oficio que desean desarrollar”[6].

3) Violación del artículo 48 de la Constitución (derecho a la seguridad social)[7]

El magistrado sustanciador puso de presente que el cargo no cumplía con el requisito de claridad. Manifestó que “el actor se limitó únicamente a decir que en [determinados casos] a los estudiantes no se le reconoce el pago a la pensión porque no acreditan el mínimo de horas dispuesto en la norma. No obstante, no ofreció ninguna razón adicional a esa afirmación que permita colegir con claridad por qué ese requisito va en contravía del mandato constitucional”[8].

4) Transgresión del artículo 67 de la Constitución (derecho a la educación)

El magistrado sustanciador manifestó que el cargo no cumplía con los requisitos de claridad y certeza. Por un lado, señaló que el reproche carece de claridad porque el demandante partió “de la premisa de que, al establecer los requisitos en mención, se vulnera el derecho fundamental a la educación de los grupos de personas referidos anteriormente. No obstante, no desarrolló la idea, ni precisó, verbigracia, en qué circunstancias puede vulnerársele el derecho a la educación a las mujeres embarazadas o a los estudiantes en condición de discapacidad”[9]. Por otro lado, advirtió que el cargo carece de certeza porque el demandante “hizo una lectura de la norma a partir de una supuesta contradicción que, a su juicio, repercute en el acceso a la educación, pues si bien el fin último de la norma es brindarle la educación a quienes no pueden costearla por sí mismos, a su vez impone determinados requisitos. Esta acusación, a juicio de la Corte, parte de su propia interpretación, más no de una lectura jurídica real del articulado”[10].

Cargo

Corrección de la demanda

1) Desconocimiento del artículo 16 de la Constitución (derecho al libre desarrollo de la personalidad).

Incumplimiento del requisito de claridad.

El demandante señaló que “(…) la carga horaria que contempla la ley 1574 de 2012 para que los hijos mayores de edad que tengan entre 18 y 25 años sean beneficiarios de la pensión de sobrevivientes atenta contra las actividades extracurriculares y personales que la persona lleva a cabo en su vida cotidiana”[11]. Puntualizó que la exigencia horaria establecida en la norma: “(…) puede entrar en conflicto con actividades no académicas que la persona lleve a cabo pues le impide destinar tiempo al ocio o a la recreación por tener que matricular materias con una determinada intensidad horaria para que así pueda llegar al mínimo legal estipulado, incluso puede tener que matricular más materias que las que trae el pénsum académico porque estas no suman un mínimo de 20 horas semanales o 160 horas por periodo”[12].

2) Vulneración del artículo 26 de la Constitución (derecho a escoger profesión u oficio)

Incumplimiento del requisito de claridad.

El demandante planteó el caso de quien escogió una carrera técnica, tecnológica o una profesión que “no cumple dentro de su pénsum académico con la intensidad horaria mínima establecida por la ley”[13]. En tal supuesto, dijo que “los estudiantes no son los que controlan ni el pénsum académico ni mucho menos las horas que cada materia tendrá que ser estudiada por semana”[14].

3) Violación del artículo 48 de la Constitución (derecho a la seguridad social)

Incumplimiento del requisito de claridad.

El demandante aseveró que el Congreso de la República, en los enunciados normativos objeto de censura, “no legisló teniendo en cuenta a grupos sociales que están en una desventaja para acreditar el requisito horario si se compara con otras personas que no tengan una característica específica que les impida de forma normal llevar sus estudios”[15]. Sería esta falta de previsión la que desconocería el artículo 48 de la Constitución.

4) Transgresión del artículo 67 de la Constitución (derecho a la educación)

Incumplimiento de los requisitos de claridad y certeza.

El demandante indicó que “[e]l requisito horario presenta una barrera de acceso al derecho a la educación en los casos planteados en la demanda pues al no cumplirlo deja sin el goce del mismo a los grupos sociales sobre los cuales se solicita precisamente omitir la verificación”[16]. Agregó que “[e]n el caso específico del derecho a la educación, no se puede impedir el acceso al sistema educativo por una decisión legislativa que no contempló escenarios más específicos que no se ajustan a los lineamientos que plantearon en un inicio”[17].

Cargo y corrección de la demanda

Consideraciones del magistrado Ibáñez Najar/ Auto de rechazo

1) Desconocimiento del artículo 16 de la Constitución (derecho al libre desarrollo de la personalidad)

Ante el incumplimiento del requisito de claridad, el demandante señaló que “(…) la carga horaria que contempla la ley 1574 de 2012 para que los hijos mayores de edad que tengan entre 18 y 25 años sean beneficiarios de la pensión de sobrevivientes atenta contra las actividades extracurriculares y personales que la persona lleva a cabo en su vida cotidiana”. Puntualizó que la exigencia horaria establecida en la norma: “(…) puede entrar en conflicto con actividades no académicas que la persona lleve a cabo pues le impide destinar tiempo al ocio o a la recreación por tener que matricular materias con una determinada intensidad horaria para que así pueda llegar al mínimo legal estipulado, incluso puede tener que matricular más materias que las que trae el pensum académico porque estas no suman un mínimo de 20 horas semanales o 160 horas por periodo”.

El magistrado sustanciador señaló que “al demandante le correspondía exponer con mayor claridad por qué los enunciados normativos demandados -y la carga impuesta por ellos- desconocían el artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, la corrección solicitada no se hizo pues el actor simplemente se limitó a reiterar, con otras palabras, el mismo planteamiento expuesto en su demanda inicial”[18].

2) Vulneración del artículo 26 de la Constitución (derecho a escoger profesión u oficio)

Ante el incumplimiento del requisito de claridad, el demandante planteó el caso de quien escogió una carrera técnica, tecnológica o una profesión que “no cumple dentro de su pensum académico con la intensidad horaria mínima establecida por la ley”. En tal supuesto, dijo que “los estudiantes no son los que controlan ni el pensum académico ni mucho menos las horas que cada materia tendrá que ser estudiada por semana”.

El magistrado sustanciador subrayó que “lo que ataca el actor es un hecho hipotético, futuro e incierto que podría -o no- presentarse en un caso concreto. En esa medida, el reproche sigue sin ser claro, pues el accionante no está explicando cómo el enunciado normativo demandado desconoce el artículo 26 de la Constitución”[19].

3) Violación del artículo 48 de la Constitución (derecho a la seguridad social)

Ante el incumplimiento del requisito de claridad, el demandante señaló que el Congreso de la República, en los enunciados normativos objeto de censura, no reparó en que podían presentarse casos especiales y excepcionales, en los que no debía exigirse la misma intensidad horaria prevista para la generalidad de la población. Sería esta falta de previsión la que desconocería el artículo 48 de la Constitución”.

El magistrado sustanciador puntualizó que “el actor sigue sin especificar, con claridad, por qué la norma demandada desconoce el artículo 48 de la Constitución. Al respecto, simplemente reiteró que el legislador debió tener presente que ciertos grupos sociales no pueden cumplir el requisito horario establecido en la norma”[20].

4) Transgresión del artículo 67 de la Constitución (derecho a la educación)

Ante el incumplimiento de los requisitos de claridad y certeza, el demandante indicó que “[e]l requisito horario presenta una barrera de acceso al derecho a la educación en los casos planteados en la demanda pues al no cumplirlo deja sin el goce del mismo a los grupos sociales sobre los cuales se solicita precisamente omitir la verificación”.

Agregó que “[e]n el caso específico del derecho a la educación, no se puede impedir el acceso al sistema educativo por una decisión legislativa que no contempló escenarios más específicos que no se ajustan a los lineamientos que plantearon en un inicio”.

El magistrado sustanciador explicó que “el actor se limitó a señalar, de manera genérica, que el requisito exigido por la norma demandada sería un obstáculo o una barrera para que algunas personas accedieran a la educación. Pero esta afirmación general no hace que el cargo cumpla el requisito de claridad, así como tampoco genera una mínima duda sobre la constitucionalidad de la disposición atacada”[21].

Cargo

Recurso de Súplica

1) Desconocimiento del artículo 16 de la Constitución (derecho al libre desarrollo de la personalidad)

El demandante señala que “la vulneración a este artículo constitucional se constata cuando al exigirle al estudiante cumplir con un mínimo de horas de estudio se le quita la posibilidad de destinar tiempo para otras actividades de su vida, como el ocio o la recreación, es decir, actividades de su vida personal que ejecuta para vivir según sus propias metas y expectativas. El Estado en la reglamentación de derechos, como en este caso la pensión de sobrevivientes, no puede afectar derechos fundamentales de las personas ni puede inmiscuirse en su vida personal”[22]. Puntualiza que “las personas tienen derecho a vivir sus vidas conforme a sus propias expectativas y dentro del marco legal establecido, sin que ello implique el desconocimiento de otros derechos consagrados en el ordenamiento jurídico”[23].

2) Vulneración del artículo 26 de la Constitución (derecho a escoger profesión u oficio)

El demandante arguye que “si la intensidad horaria es fijada por la institución de educación, no tiene sentido exigirle al estudiante que cumpla con un requisito mínimo de horas de estudio para poder acceder o mantener la pensión de sobrevivientes porque se le está obligando a cumplir un imposible que no depende de su voluntad”[24]. Agrega que “no se puede exigir el cumplimiento de una carga desproporcionada que no es controlada por los estudiantes para que puedan tener acceso al pago de una pensión que les permita construir su proyecto de vida”[25].

3) Violación del artículo 48 de la Constitución (derecho a la seguridad social)

El demandante manifiesta que “si el pensionado no estudia con la carga horaria mínima no tendrá derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, y si no recibe la pensión de sobrevivientes, no tendrá entonces afiliación al sistema de salud, es decir, se le excluye por completo del sistema de seguridad social”[26].

4) Transgresión del artículo 67 de la Constitución (derecho a la educación)

El demandante sostiene que “la persona no puede educarse si no tiene el apoyo económico que brinda la pensión, por este motivo resulta entonces contradictorio decirle que la pensión es para cubrir sus gastos pero que la misma se le removerá si no cumple con un requisito horario que, como se ha dicho desde la presentación de la demanda, no depende nunca de la voluntad del estudiante, sino que es fijado de manera unilateral por la institución de educación”[27].